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Criptomonedas en España: Bruselas da dos meses para aplicar las normas fiscales de la DAC8 antes de acudir al TJUE

La Comisión Europea da a España dos meses para trasponer la DAC8, la directiva que obliga a los exchanges a informar a Hacienda sobre operaciones con criptomonedas, antes de llevar el caso al TJUE.

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Reloj de arena con monedas digitales que simboliza el plazo de Bruselas sobre criptomonedas en España

La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para incorporar a su legislación las normas fiscales comunitarias sobre criptomonedas en España y el resto de la Unión. Si no lo hace, Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La advertencia afecta a cómo Hacienda obtendrá información de los exchanges y otros proveedores de servicios sobre las operaciones de sus clientes.

El aviso llega en una fase avanzada del procedimiento de infracción, el mecanismo que usa la Comisión cuando un Estado miembro no traslada a tiempo una directiva a su derecho nacional. Ese plazo de dos meses suele acompañar al llamado dictamen motivado, el último paso antes de la vía judicial.

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Qué exige la normativa europea sobre criptomonedas en España

Las reglas en cuestión corresponden a la directiva de cooperación administrativa conocida como DAC8, aprobada por los Veintisiete en 2023. Su objetivo es extender el intercambio automático de información fiscal, que ya funcionaba para cuentas bancarias, al terreno de los criptoactivos.

En la práctica, la DAC8 obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a recopilar datos de identificación de sus usuarios y a comunicar a las autoridades tributarias las operaciones que realizan: compras, ventas, permutas entre tokens y determinadas transferencias. Las administraciones de cada país comparten después esa información entre sí, de modo que un residente español que opere en una plataforma radicada en otro Estado miembro deja de quedar fuera del radar de la Agencia Tributaria.

El texto se inspira en el marco de reporte de criptoactivos de la OCDE (CARF, por sus siglas en inglés), un estándar internacional que también están adoptando países fuera de Europa. Los Estados miembros debían tener la directiva incorporada a su ordenamiento antes de que empezaran a aplicarse las obligaciones, previstas desde el 1 de enero de 2026.

Por qué España llega tarde

España no es un país sin reglas en este campo. Hacienda ya cuenta con declaraciones informativas específicas sobre monedas virtuales y, desde hace varias campañas, envía avisos a contribuyentes con operaciones cripto antes de la declaración de la renta. Pero la transposición formal de la DAC8 exige cambios en la normativa tributaria que, a juicio de Bruselas, no se han completado o no se han notificado.

No es un caso aislado. Los retrasos en trasponer directivas fiscales son habituales en varios Estados miembros, y la Comisión suele abrir expedientes en bloque contra los países rezagados. El primer paso es una carta de emplazamiento; si la respuesta no convence, llega el dictamen motivado; y si el incumplimiento persiste, la demanda ante el TJUE.

Esa última fase tiene consecuencias económicas. Cuando un país no comunica las medidas de transposición de una directiva, la Comisión puede pedir al tribunal que imponga sanciones financieras desde la propia sentencia, ya sea una cantidad fija, multas diarias o ambas.

Qué cambia para los inversores

Para quien tiene criptomonedas en España, el retraso no supone una ventaja fiscal. Las obligaciones tributarias sobre las ganancias patrimoniales derivadas de vender o intercambiar criptoactivos siguen vigentes, con independencia de que la DAC8 esté o no plenamente incorporada.

Lo que cambiará con la transposición es la cantidad de información que llegará a Hacienda sin que el contribuyente intervenga. Los exchanges que operen en la Unión, muchos de ellos ya autorizados bajo el reglamento MiCA, tendrán que reportar datos de clientes españoles de forma sistemática. Eso reduce el margen para omitir operaciones en la declaración y facilita el cruce de datos por parte de la administración.

Varias plataformas ya han empezado a pedir a sus usuarios europeos información adicional, como el número de identificación fiscal y la residencia tributaria, para adaptarse a estas exigencias. Es previsible que esas solicitudes se generalicen a medida que los países completen el proceso.

La tendencia no es exclusiva de Europa. En América Latina, las autoridades tributarias también han reforzado el control sobre los activos digitales; en Colombia, por ejemplo, quienes deciden vender criptomonedas y pasar a pesos deben considerar sus obligaciones ante la DIAN, y el país figura entre los que se han comprometido con el estándar de la OCDE.

Los próximos pasos

El Gobierno español dispone ahora de dos meses para responder a la Comisión y aprobar o notificar las medidas pendientes. Si lo hace, el expediente puede archivarse sin llegar a Luxemburgo, que es el desenlace más frecuente en este tipo de procedimientos.

El asunto coincide con un momento de intensa actividad del sector en el país, con encuentros como el que reúne en Madrid a la industria para debatir las tendencias de 2027. La claridad sobre las reglas fiscales es uno de los factores que las empresas citan con frecuencia al decidir dónde instalarse.

El margen es estrecho, pero el desenlace dependerá menos de la complejidad técnica de la DAC8 que del calendario legislativo español, que en los últimos años ha acumulado retrasos en más de una directiva comunitaria.

Escrito por Alberto Guerrero Montilla

Peligroso idealista venezolano. Embajador y empresario blockchain. Block Producer, filántropo y activista. Que la blockchain construya nuestro futuro.

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