Sebastián Marset: el caso que muestra cómo se usa el lavado de dinero cripto como prueba

El caso de Sebastián Marset, el uruguayo señalado como uno de los mayores operadores del narcotráfico en Sudamérica, se ha convertido en un ejemplo de cómo el lavado de dinero cripto puede servir como evidencia para rastrear ganancias ilícitas, sin que ello implique probar una empresa criminal montada alrededor de las criptomonedas. La distinción es clave para entender el papel real que juegan los activos digitales en las investigaciones de crimen organizado.

Marset, buscado por autoridades de varios países, ha sido descrito en la prensa internacional como una figura central de redes de cocaína que operaron entre Sudamérica, Europa y Oriente Medio. Su nombre volvió a los titulares al vincularse su presunta estructura financiera con movimientos de fondos que incluirían operaciones con criptoactivos.

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Qué revela el caso sobre el lavado de dinero cripto

El punto que interesa a investigadores y analistas no es tanto el volumen de las transacciones como su función procesal. En expedientes de este tipo, las huellas dejadas en la blockchain suelen usarse como un elemento más dentro de un rastro de activos, no como el eje de la acusación. Es decir, las criptomonedas aparecen como un canal por el que habría circulado dinero, pero el delito de fondo —narcotráfico— se sostiene con pruebas tradicionales.

Esta diferencia importa porque desmonta una idea recurrente: la de que cada gran caso criminal con presencia de criptoactivos supone una «trama cripto». En la práctica, los fiscales tienden a apoyarse en el registro público e inmutable de las cadenas de bloques para reforzar la conexión entre movimientos de fondos y presuntas ganancias del delito, un uso probatorio muy distinto a demostrar que el crimen se organizó en torno a los tokens.

La trazabilidad, paradójicamente, se ha vuelto un arma a favor de las autoridades. A diferencia del efectivo, cuyo rastro se pierde con facilidad, las transferencias en redes como Bitcoin o las que emplean stablecoins como USDT dejan constancia permanente. Firmas de análisis forense pueden seguir esos flujos entre carteras, exchanges y servicios de conversión.

Cómo se rastrea el dinero en la blockchain

El seguimiento de fondos ilícitos combina el análisis de cadena con la información que aportan los intermediarios regulados. Cuando los activos pasan por una plataforma que aplica identificación de clientes, se abre una vía para conectar direcciones anónimas con personas concretas. Ahí es donde las investigaciones suelen encontrar sus puntos de apoyo.

• Rastro de activos: las transacciones registradas permiten reconstruir el recorrido del dinero desde su presunto origen hasta su destino.
• Puntos de conversión: los momentos en que las criptomonedas se cambian por moneda fiduciaria son especialmente sensibles, porque exigen pasar por servicios sujetos a controles.
• Operaciones entre pares: los intercambios directos, como los que ocurren en un exchange P2P, añaden capas de dificultad al rastreo, aunque no lo hacen imposible.

En casos vinculados a grandes organizaciones, esa combinación de herramientas ayuda a construir lo que en la jerga judicial se conoce como un rastro de las ganancias del delito. No prueba por sí sola la culpabilidad, pero aporta un componente material difícil de refutar cuando se integra con escuchas, testimonios y documentación bancaria.

Un patrón que se repite en el crimen organizado

El expediente de Marset se inscribe en una tendencia más amplia. Las redes de narcotráfico y otras estructuras criminales han incorporado criptoactivos como una herramienta más para mover valor a través de fronteras, buscando velocidad y cierta opacidad. Sin embargo, esa adopción convive con una vigilancia cada vez mayor por parte de reguladores y cuerpos policiales especializados.

Los organismos de aplicación de la ley han ampliado sus capacidades de análisis on-chain en los últimos años, y la cooperación internacional en estos casos tiende a intensificarse. La presión regulatoria sobre los intermediarios —desde exigencias de identificación hasta reportes de operaciones sospechosas— reduce el margen para convertir criptomonedas en efectivo sin dejar rastro.

Para el sector, el mensaje que deja el caso es matizado. Por un lado, refuerza el argumento de que la blockchain no es el refugio perfecto para el dinero sucio que algunos suponían; por otro, evita caer en el estigma de tratar cada delito con presencia de tokens como si fuera un fraude cripto en sí mismo. La tecnología es, en última instancia, un canal, y su carácter público la vuelve tan útil para el crimen como para quienes lo persiguen.

El desenlace judicial del caso Marset todavía está por definirse, pero su valor como precedente ya es evidente: muestra el lugar cada vez más preciso que ocupan los criptoactivos en las investigaciones sobre lavado de dinero, ni central ni marginal, sino como una pieza más del rompecabezas probatorio.