El 16 de Noviembre pasado, el gobierno argentino publicó un Boletín Oficial firmado por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete decretando que los movimientos de fondos que estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares deberían pagar lo que en el país se conoce como el “impuesto al cheque” a partir de ése momento.
La Fundación Apolo, que según expresa en su cuenta en Twitter “se dedica a promover agentes de cambio en el sector público inspirados en los pilares de la Libertad y el Progreso en la República Argentina” presentó en el día de ayer, 10 de Diciembre del 2021 un recurso de amparo. Su presidente Antonio Fratamico y los apoderados legales Yamil Santoro y José Magioncalda presentaron una acción de amparo en el juzgado contencioso Nº 7, a cargo del juez subrogante Pablo Cayssials.
Se trata de una acción legal contra el Poder Ejecutivo Nacional por la inconstitucionalidad del decreto 796 que establece que las operaciones con criptomonedas deberán pagar el el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Cuentan con el patrocinio legal de Juan Martín Fazio y Apolo convocó para esta acción a ciudadanos que poseen una cuenta cripto y realizan ese tipo de transacciones, quienes se ven perjudicados por esta violación de sus derechos constitucionales fundamentales.
Desde la Fundación opinan que “A través de la medida que emitió el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno pretende limitar, cercenar y vulnerar de manera ilegítima y arbitraria derechos fundamentales y garantías reconocidos en nuestra Ley Suprema”
Por su parte, el secretario de Política Trbutaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, dijo en Noviembre:
“el decreto aclara que las operaciones con criptomonedas, criptoactivos y similares no están alcanzadas por las exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos”, ya que éstas no tienen por objetivo “promover un sistema de pagos eficiente y mayor inclusión financiera”.
Arias explicó que “tales operaciones siempre estuvieron alcanzadas por la definición del Impuesto sobre los Créditos y Débitos“
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