Los primeros días del año 2020 han traído consigo avances significativos en relación a las criptofinanzas, el desarrollo del sector Fintech a lo largo del planeta y la inclusión estatal en la economía digital descentralizada originaron grandes debates en el seno de aquellos que pertenecen al ecosistema cripto.
El desarrollo tecnológico latinoamericano avanza paulatinamente frente a los necesarios cambios que se originan de la migración del sistema tradicional al cripto. En un recorrido por la nación colombiana nos permitimos visualizar el poco uso de criptomonedas como medio de pago en el intercambio comercial frecuente entre sujetos de derecho, aún cuando existen mecanismos establecidos para el fácil acceso a estas monedas digitales.
Un tópico objeto de estudio que no puede pasar por alto es lo referente a la bancarización, el flujo de dinero líquido, las políticas KYC y las directrices del GAFI.
En naciones como Venezuela, por la alta tasa de inflación, se generan búsquedas alternativas para proteger ingresos y controlar gastos. La excesiva circulación de dinero inorgánico sin valor real tangible, ha permitido el acceso casi obligatorio de las personas naturales y jurídicas al ecosistema criptográfico; diferente es el caso colombiano, donde la circulación de papel moneda con un valor estable evita crear la necesidad en un amplio número de personas, de aperturar o ser participes del sistema bancario tradicional.
El sector privado junto al público han entendido que deben existir parámetros mínimos para brindar seguridad a los operadores del sistema, una seguridad que debe ir más allá de las matemáticas y los beneficios de la tecnología blockchain. Las políticas contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo se han adaptado a la nueva era económica digital, los procesos de KYC/EDD, el monitoreo de operaciones y los análisis para el adecuado manejo de riesgos, se han establecido como política global degenerando en un obstáculo para la bancarización.
Las criptomonedas nacen para permitir que los bancarizados y los no bancarizados puedan unirse a un sistema que rompe con los esquemas tradicionales restrictivos, por ello los marcos regulatorios se fueron adaptando al necesario servicio rápido y eficiente de pagos, trayendo consigo lo relacionado al sistema tradicional como las mejores que introducen las nuevas tecnologías de la información.
Otras de las directrices aceptadas son las emitidas por el GAFI, las mismas contemplan que los países deben identificar, comprender y evaluar los riesgos de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo LA/FT, para tomar medidas orientadas a erradicar los riesgos asociados con las transacciones en monedas digitales, junto con las plataformas de intercambio entre criptomonedas y monedas fiat.
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En relación al caso venezolano, el decreto constituyente del 30 de enero de 2019, sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, en su artículo 5, numeral 11, expresa el apego que debe tener el Estado para evitar prácticas que permitan el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y lo relacionado a armas de destrucción masiva, sin embargo, más allá de esta mención, no sugiere otras medidas que busquen mitigar los excesos que genera el mercado digital criptográfico.
¿Cuándo se establecerán normas claras que permitan el libre desarrollo del ecosistema? ¿Acaso en Venezuela el estado promueve estructuralmente el sistema para ser una criptonación, o en su defecto realiza boicot de sus propios planes? Son interrogantes que se dejan a libre discusión, pero que aún no son tomadas como serias al momento de crear planes de gobierno (sector público) o rutas de trabajo y planes de negocios (sector privado).
Por Luis José Rangel Gutiérrez.
Abogado egresado de la Universidad de Los Andes.
Especialista en Derecho Corporativo por la Universidad Metropolitana.
Mérida, Venezuela
email: ljrngel@gmail.com
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