¡Autoridad de operaciones financieras mexicana centra su mirada en las criptomonedas! Según señala un funcionario de la institución, en México actualmente existen hasta 12 plataformas de compra y venta de criptomonedas que operan desde la ilegalidad en el país
Es común ver a cada vez más países sumarse a la vigilancia de las actividades y la industria de las criptomonedas, con miras a una regulación que, dependiendo de cada nación, puede ser favorable o no para las criptoempresas.
Como es el caso de muchos países en el mundo, la regulación de las criptomonedas en México es un territorio aún sin explorar en demasía, pero contando con una ley que se encarga de marcar los parámetros legales para las empresas de criptomonedas como los intercambios, que es la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech, la cual se encarga de regular las operaciones para las criptoempresas, siendo el Banco de México (Banxico), el Banco Central del país, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los organismos de supervisión.
Según lo que establece dicha ley, desde el 2020, las plataformas que realicen operaciones de compra y venta de criptomonedas, como los intercambios, deben notificar a las autoridades diferente información sobre sus operaciones y sus clientes, bajo los parámetros contra el lavado de dinero (AML), como las transacciones que superen los 57.800 pesos mexicanos, cerca de 2.900 dólares estadounidenses, que pudieran dar indicios de vínculos al lavado de dinero.
En este sentido, recientemente, el funcionario Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, un organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), declaró que de acuerdo a los datos que ofrecen las firmas de comercio de criptomonedas bajo los lineamientos de la Ley Fintech, han encontrado que en el país operan 12 plataformas desde la ilegalidad.
Un informe de La República, reseña las palabras de Nieto Castillo durante una presentación en un seminario enfocado en inteligencia financiera y gestión de riesgos, donde destacó que en total, unas 23 plataformas de comercio de criptomonedas han realizado reportes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entidad ante la cual deben registrarse como «actividad vulnerable», junto a otros requisitos además de la notificación de transacciones, como la identificación de clientes, protección de información y entre otras condiciones.
Con respecto a las 12 plataformas de compra y venta de criptomonedas que no están realizando notificaciones ante el SAT, por lo que están operando de manera ilegal, el funcionario del UIF agregó que se encontraban «generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda operar». Las empresas, explica el informe, se exponen a sanciones penales tanto por no cumplir los lineamientos de la Ley Fintech, como monetarias con respecto a las leyes contra el lavado de dinero en el país.
Nieto Castillo también aseguró que «un tema fundamental, será analizar las criptomonedas y su relación con grupos delictivos», destacando que el lavado de dinero en criptomonedas y el blanqueo de capitales por corrupción, constituyen un foco principal para la UIF.
Semanas atrás, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitieron un comunicado conjunto a modo de advertencia con respecto al uso de las criptomonedas, señalando que las mismas no se encuentran bajo el marco legal vigente en el país, ni como moneda en curso legal ni como divisa.
Las instituciones recordaron a los bancos e instituciones financieras del país, no están autorizados para ofrecer ningún tipo de servicio vinculado a criptomonedas como Bitcoin, Ether o XRP, mientras que las únicas operaciones con criptoactivos que pueden realizarse, son internas, y con previa autorización del Banco Central mexicano.
Meses atrás, autoridades policiales de México afirmaron que, en América Latina, las criptomonedas se están posicionando cada vez más entre las organizaciones criminales que buscan lavar dinero.
Imagen cortesía: Pixabay
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