Bitcoin en El Salvador cumple 5 años: adopción baja y respaldo del FMI condicionado

El experimento de Bitcoin en El Salvador cumplió cinco años desde que el país centroamericano lo convirtió en moneda de curso legal en septiembre de 2021. El balance es ambivalente: la promesa de bancarizar a la población y abaratar las remesas quedó lejos de cumplirse, pero la apuesta puso al país en el mapa global de las criptomonedas y consolidó a su presidente, Nayib Bukele, como una figura de referencia para la comunidad cripto.

La frase que resume el ánimo oficial —»fue para nosotros, no para ellos»— apunta a un cambio de narrativa. Lo que arrancó como un plan para transformar la vida diaria de los salvadoreños terminó pesando más como estrategia de posicionamiento internacional que como herramienta de inclusión financiera interna.

Qué prometió y qué logró Bitcoin en El Salvador

Cuando la Ley Bitcoin entró en vigor, el gobierno prometió reducir el costo de las remesas —que representan cerca de una quinta parte del PIB— y dar acceso financiero a los millones de salvadoreños sin cuenta bancaria. El Banco Mundial estimaba que, hacia 2021, una mayoría de adultos del país seguía fuera del sistema bancario formal, según los datos de acceso a cuentas financieras.

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La realidad terminó siendo más modesta. Investigaciones académicas mostraron que el uso cotidiano de la aplicación estatal Chivo Wallet fue limitado: buena parte de los usuarios descargó la billetera para reclamar el bono de bienvenida en bitcoin y luego dejó de operar con ella. Un estudio difundido por el National Bureau of Economic Research concluyó que la adopción real quedó muy por debajo de lo esperado y que pocos comercios procesaban pagos en la criptomoneda.

El componente ideológico también fue central. El proyecto sumó a figuras del mundo Bitcoin al aparato estatal —como Stacy Herbert al frente de la oficina nacional dedicada al activo, según reportó la prensa local— y convirtió al país en punto de peregrinación para inversores y desarrolladores del sector.

El giro con el FMI y la tesorería en bitcoin

El punto de inflexión llegó a comienzos de 2025. El Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo de financiamiento por unos 1.000 millones de dólares a 40 meses, con condiciones que recortaron el rol legal de la criptomoneda. Entre ellas, dejar de obligar a los comercios a aceptar pagos en bitcoin y limitar la participación del sector público en la Chivo Wallet.

Ese acuerdo evidenció la tensión de fondo: para acceder al crédito internacional, el gobierno tuvo que moderar la ambición inicial de la ley. La condición de «moneda de curso legal» quedó, en la práctica, más simbólica que efectiva para la economía cotidiana.

Pese a las restricciones, el Estado mantuvo su estrategia de acumulación. La tesorería nacional siguió sumando bitcoin a su reserva, una política que el gobierno presenta como una apuesta de largo plazo. Esa estrategia de acumulación soberana convirtió a El Salvador en un caso de estudio para otras administraciones y para las empresas que replican el modelo de tesorería en cripto, un fenómeno que también se observa en el sector privado, donde firmas como Strategy gestionan grandes posiciones en Bitcoin con distintos resultados.

Las sombras del modelo Bukele

El experimento monetario convivió con crecientes cuestionamientos sobre el estado de derecho en el país. Organizaciones de derechos humanos documentaron problemas graves durante el régimen de excepción impulsado por Bukele para combatir a las pandillas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional reportaron detenciones masivas y denuncias de abusos, un contraste incómodo con la imagen tecnológica y aperturista que el gobierno proyecta hacia el exterior.

Esa dualidad define el legado de estos cinco años. Para los defensores del proyecto, El Salvador demostró que un Estado puede adoptar bitcoin sin colapsar y capitalizar la atención mediática. Para los críticos, el costo social y las promesas incumplidas de inclusión financiera pesan más que los titulares.

Un experimento que sirvió más al relato que al bolsillo

A cinco años de la Ley Bitcoin, los indicadores de uso interno sugieren que la criptomoneda no reemplazó al dólar en la vida diaria de la mayoría de los salvadoreños. El comercio local sigue operando principalmente en dólares y la Chivo Wallet perdió protagonismo tras el auge inicial.

Lo que sí quedó claro es el valor del experimento como carta de presentación. El país logró atraer conferencias, inversión y visibilidad dentro de un sector que sigue creciendo pese a la volatilidad. El fenómeno de la adopción institucional se aceleró en otros frentes, desde la tokenización de activos hasta el aumento del volumen on-chain de Bitcoin, que marca la maduración de la red a nivel global.

El desafío para la próxima etapa será demostrar si la acumulación soberana de bitcoin genera beneficios tangibles para los ciudadanos o si el saldo del experimento se limita, como sugiere la propia narrativa oficial, a haber sido «para nosotros, no para ellos».