Los senadores de los dos principales partidos de Estados Unidos deliberan en torno a un proyecto de ley que abarca el cobro de impuestos a desarrolladores y mineros de criptomonedas. Esto toca de igual manera a otros actores de esta industria, además de los traders, inversionistas y exchanges, que ya pagan impuestos por sus actividades.
Los legisladores estiman recaudar aproximadamente 30.000 millones de dólares en el marco de inversiones en infraestructura impulsado por el gobierno del Presidente Joe Biden.
Por lo visto, el gobierno estadounidense pretende pechar a toda la industria criptográfica sin importar si quienes la integran hacen parte o no en la intersección entre el dinero Fiat y las criptomonedas, a la vez que pretende ejercer mayor control y vigilancia en cada componente del ecosistema.
Resulta irónico que en recientes acontecimientos suscitados a raíz de la migración de los mineros fuera de China, y éstos buscando otras latitudes donde desempeñar sus funciones (entre ellos,EEUU), se pretenda en la tierra del Tio Sam regularlos de forma invasiva, desalentándolos a buscar otras locaciones y alejando a los EEUU de la innovación-adopción que supone esta tecnología.
Dentro de la política en general y en la estadounidense en particular, no cabe duda que hay políticos que conocen Bitcoin. Tal es el caso del Presidente de la SEC, Gary Gensler, que inclusive dictaba clases sobre la materia en el MIT, pero que por el cargo que actualmente ocupa, difícilmente se aprecie un impacto positivo de su parte que impulse el desarrollo armónico de las criptomonedas en ese país. Existen también otros políticos, como es el caso de la Senadora por el estado de Wyoming, Cynthia Lummis, quien junto con otros dos senadores, quienes son el Senador por Oregon, Ron Wyden, y el Senador por Pensilvania, Pat Tommey, quienes se oponen a incluir a componentes clave dentro de la industria bajo la denominación de brokers.En concreto, la enmienda sugiere que la definición de bróker no incluya a nadie que se dedique a «validar transacciones del libro mayor distribuido»(mineros), a «desarrollar activos digitales o sus correspondientes protocolos» o al manejo de software o hardware de minería(Wallets,entre otros).
The Wyden-Lummis-Toomey amendment is simple. It clarifies in law what most of us already believe—that validators of distributed ledger data like miners & stakers, hardware wallet providers & software developers should NOT be required to report transaction data to the IRS. pic.twitter.com/cMtoHMehiU
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) August 5, 2021
Incluso el Senador Toomey reconoce que:
While Congress works to better understand and legislate on issues surrounding the development and transaction of cryptocurrencies, it should be wary of imposing burdensome regulations that may stifle innovation.
— Senator Pat Toomey (@SenToomey) August 4, 2021
Es importante destacar que en la medida en que Bitcoin y por extensión las altcoins adquieran una mayor adopción, se hará más difícil la declaración y pagos de impuestos. El Bitcoin no es una moneda Fiat, lo que hace que no esté sujeta a alguna tributación, Bitcoin pasa a ser objeto de tributación si se intercambia por dinero Fiat, que es donde está el problema. Lo que se puede inferir de este asunto legislativo es que los políticos están buscando dinero a como dé lugar para financiar sus proyectos y a la vez, ocupar, controlar espacios relacionados con Bitcoin y las demás criptomonedas. Sería contraproducente aplicar una legislación agresiva a una industria que pretende ocupar espacios en una nación que le ofrezca las mejores condiciones para operar, por supuesto que la idea no es irrespetar a las leyes, lo significativo es que esas leyes no socaven tampoco una tecnología que potencia la libertad de las personas, y la necesidad del uso de dinero sólido por parte de la sociedad estadounidense.
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