Criptomonedas en Panamá: la Superintendencia del Mercado de Valores las excluye de su supervisión

La regulación de las criptomonedas en Panamá suma un nuevo capítulo: la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el organismo que vigila la oferta de valores, a los intermediarios y a las bolsas del país, determinó que los criptoactivos quedan fuera de su ámbito de supervisión. La decisión deja claro que comprar, vender o custodiar estos activos no equivale, en principio, a operar en el mercado de valores panameño.

El pronunciamiento no crea un marco nuevo. Delimita competencias. Y con eso responde a una pregunta que inversores, plataformas y abogados del sector se hacen desde hace años: quién se ocupa de las criptomonedas en un país que ha buscado posicionarse como centro financiero regional sin haber aprobado todavía una ley específica para estos activos.

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Qué significa que la SMV deje fuera a las criptomonedas en Panamá

En la práctica, la exclusión implica que las empresas que ofrecen servicios con criptoactivos no necesitan, por ese solo hecho, una licencia del regulador bursátil. Tampoco quedan sujetas a sus reglas de registro, transparencia o protección al inversionista, que sí aplican a quienes comercializan acciones, bonos o fondos.

La otra cara es menos cómoda para el usuario. Si la SMV no supervisa la actividad, tampoco tiene facultades para intervenir ante un fraude, una quiebra o una mala práctica de una plataforma de criptomonedas en Panamá. El inversor queda sin el paraguas que sí ofrece el mercado regulado.

Hay matices que conviene tener presentes. Que un activo se llame «cripto» no lo blinda automáticamente: en muchas jurisdicciones, cuando un token funciona como una inversión con expectativa de rentabilidad derivada del esfuerzo de un tercero, los reguladores lo tratan como valor. Los detalles de cómo aplicará la SMV ese criterio, y si contempla excepciones para casos concretos como tokens que representen acciones o participaciones, no han trascendido por ahora.

Quién vigila entonces

La salida de la SMV no deja al sector en un vacío absoluto. Las normas de prevención de blanqueo de capitales siguen vigentes, y los bancos panameños mantienen sus propias políticas frente a clientes vinculados a criptoactivos. Lo que falta es un supervisor con mandato específico sobre exchanges, custodios y emisores de tokens.

Un país sin ley cripto vigente

Panamá lleva tiempo intentando ordenar este terreno. En 2022 la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para regular los criptoactivos, que buscaba atraer empresas del sector y habilitar su uso en distintos ámbitos. La iniciativa no llegó a convertirse en norma: el entonces presidente Laurentino Cortizo la vetó, con reparos centrados en los riesgos de lavado de dinero y en la necesidad de alinear el texto con estándares internacionales.

Ese antecedente pesa. El país había salido recientemente de listas de vigilancia internacionales por debilidades en sus controles financieros, y cualquier apertura a los criptoactivos se mira con lupa desde organismos como el GAFI. La decisión de la SMV puede leerse en esa clave: un regulador que prefiere no asumir una responsabilidad para la que no tiene ley, recursos ni mandato claro.

Mientras tanto, desde otros frentes del Estado hubo gestos favorables. La Alcaldía de Ciudad de Panamá anunció en 2025 su intención de aceptar pagos en criptomonedas para tributos y servicios municipales, una iniciativa que mostró el interés político por el tema aunque sin resolver el problema de fondo de la supervisión.

Implicaciones para inversores y plataformas

Para las empresas del sector, la lectura es doble. Por un lado, operar desde Panamá sigue siendo relativamente sencillo, sin la carga de cumplimiento que imponen regímenes como el europeo MiCA. Por otro, la falta de un marco claro dificulta conseguir cuentas bancarias, firmar alianzas con instituciones tradicionales y transmitir confianza a clientes que exigen garantías.

Para el usuario, el mensaje es más directo: las operaciones con criptomonedas en Panamá se hacen bajo su propio riesgo. Los casos de fraude que usan estructuras offshore para mover fondos, como la estafa de 37 millones que pasó por un banco de Bahamas hasta USDT, muestran lo difícil que resulta recuperar el dinero cuando ningún regulador tiene competencia sobre la plataforma involucrada.

La región avanza a velocidades distintas. Brasil, México y El Salvador cuentan con normas específicas de alcance desigual, mientras que en Argentina el debate sobre los criptoactivos se ha cruzado con la política, como reflejan los casos $LIBRA y Orsai. Panamá, pese a su peso como plaza financiera y a la dolarización de su economía, sigue sin definir su modelo.

El paso de la SMV aclara qué no hará el regulador bursátil, pero no dice quién llenará ese espacio. La respuesta, previsiblemente, tendrá que llegar desde la Asamblea, y el sector estará atento a si el nuevo intento legislativo apuesta por un supervisor propio o por repartir competencias entre organismos ya existentes.