Reserva de Bitcoin de Trump: legisladores de EE.UU. avanzan ley para blindarla 20 años

Un grupo de legisladores en el Congreso de Estados Unidos impulsa un proyecto de ley que convertiría en norma federal la reserva de Bitcoin de Trump, la política que el presidente estableció por decreto a comienzos de su mandato. La iniciativa busca codificar esa reserva estratégica y mantener bajo custodia por 20 años el Bitcoin que el Estado obtenga a través de confiscaciones civiles y penales.

De aprobarse, la medida sacaría la reserva del terreno de las órdenes ejecutivas —que un futuro presidente podría revocar con relativa facilidad— y la anclaría en legislación, mucho más difícil de deshacer. El objetivo declarado es garantizar que el gobierno estadounidense conserve sus tenencias de la criptomoneda durante dos décadas en lugar de venderlas en el mercado abierto.

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Qué establece la reserva de Bitcoin de Trump

El texto legislativo apunta a formalizar lo que hasta ahora es una directriz de la Casa Blanca. La política original planteaba acumular Bitcoin incautado en procesos judiciales como activo de reserva soberano, sin recurrir a compras directas con fondos de los contribuyentes en su versión inicial.

El componente central del proyecto es el bloqueo temporal: el Bitcoin proveniente de decomisos quedaría inmovilizado durante 20 años. Esto impediría que administraciones futuras liquiden esas monedas para cubrir gastos o presionar el precio del mercado con ventas masivas, algo que en el pasado ocurrió cuando el gobierno subastó Bitcoin confiscado en casos como el del mercado Silk Road.

Las estimaciones sobre el volumen que Washington controla varían, pero distintos rastreadores de direcciones en cadena sitúan las tenencias del gobierno estadounidense entre las mayores del mundo entre entidades soberanas. Buena parte de ese Bitcoin llegó precisamente por incautaciones vinculadas a delitos financieros y ciberdelincuencia.

Por qué importa para el mercado y la regulación

Blindar la reserva en una ley tendría implicaciones que van más allá de lo simbólico. Para los defensores de la propuesta, retirar de circulación una cantidad significativa de Bitcoin durante 20 años reduce la oferta disponible y envía una señal de respaldo institucional al activo por parte de la mayor economía del planeta.

Los críticos, en cambio, cuestionan que el Estado retenga activos de alta volatilidad en su balance y advierten sobre el precedente de tratar una criptomoneda como reserva estratégica al nivel del oro o las divisas. El debate se inscribe en una discusión más amplia sobre el papel que Washington quiere darle a los activos digitales dentro de su política económica.

El avance de esta iniciativa se produce en un momento de intensa actividad regulatoria en Estados Unidos, donde el Congreso ha discutido varios marcos para el sector. El fracaso de otras piezas legislativas, como se vio con la discusión en torno a la Clarity Act, muestra que ningún proyecto tiene el camino asegurado hasta su votación final.

Un pulso político con calendario incierto

Que el proyecto haya avanzado en comisión no garantiza su conversión en ley. Todavía debe superar votaciones en ambas cámaras y sortear las negociaciones habituales entre bancadas, un proceso que puede extenderse durante meses. La composición del Congreso y las prioridades legislativas del momento determinarán si la propuesta prospera o queda archivada.

El respaldo de figuras de la industria cripto, que han celebrado públicamente la idea de fijar la reserva por ley, aporta presión a favor. Para ese sector, codificar la política elimina la incertidumbre de que una futura administración con otra visión desmantele la reserva de un plumazo.

La discusión también conecta con la creciente presencia institucional en torno a Bitcoin. Bancos y gestoras han acelerado su exposición al activo: en Europa, por ejemplo, Deutsche Bank prepara servicios de custodia cripto institucional tras recibir el visto bueno regulatorio, una señal de que los grandes actores financieros ya no ven a la criptomoneda como un experimento marginal.

Mientras el proyecto recorre su trámite legislativo, el mercado observa con atención cualquier cambio en la postura oficial. Una reserva soberana blindada por dos décadas alteraría el cálculo de oferta a largo plazo, aunque el efecto real dependerá tanto del volumen finalmente inmovilizado como de la capacidad del Congreso para llevar la propuesta hasta el final.

Por ahora, la reserva de Bitcoin de Trump sigue apoyándose en una orden ejecutiva. El intento de convertirla en ley marca el siguiente capítulo de un debate que enfrenta a quienes ven en el activo una reserva estratégica de futuro y a quienes advierten sobre los riesgos de atar las finanzas públicas a un mercado tan cambiante.