Mercados de predicción: el jefe del Comité de Supervisión de la Cámara de EE.UU. plantea vetar las apuestas de funcionarios por riesgo de información privilegiada

Los mercados de predicción enfrentan un nuevo frente en Washington. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano James Comer, pidió evaluar una posible prohibición para que los funcionarios del Gobierno apuesten en estas plataformas, ante la preocupación de que puedan aprovechar información privilegiada para obtener ganancias.

La propuesta todavía no tiene forma de proyecto de ley conocido ni calendario. Aun así, que la plantee quien encabeza uno de los comités con mayor capacidad de investigación del Congreso indica que el debate sobre la integridad de estos mercados ya pasó del ámbito académico a la agenda legislativa.

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Por qué preocupa a los legisladores que los funcionarios usen mercados de predicción

Plataformas como Kalshi o Polymarket permiten comprar y vender contratos cuyo valor depende de que ocurra o no un evento: el resultado de una elección, una decisión de la Reserva Federal, la aprobación de una ley o incluso un nombramiento. Si el evento sucede, el contrato paga; si no, vale cero.

Ahí está el problema. Muchos de esos eventos dependen directamente de decisiones que toman, o conocen antes que nadie, personas dentro del Gobierno. Un asesor que sabe con días de antelación que se firmará una orden ejecutiva, o un empleado de una agencia que conoce el sentido de una resolución, tendría una ventaja evidente frente al resto de participantes.

En los mercados de valores ese tipo de conducta está tipificada como uso de información privilegiada y tiene un marco legal desarrollado desde hace décadas. Para los contratos de eventos, en cambio, las reglas son más difusas. La pregunta que plantea la iniciativa es si conviene cerrar la puerta de antemano a quienes, por su cargo, podrían influir en el resultado o conocerlo antes de tiempo.

Un precedente conocido: las acciones en el Congreso

La discusión recuerda al largo debate sobre la compra y venta de acciones por parte de congresistas, que llevó en 2012 a la aprobación de la Ley STOCK y que sigue abierto con propuestas para prohibir directamente esa práctica. La diferencia es que en los mercados de predicción la relación entre información interna y beneficio puede ser todavía más directa: no se apuesta a cómo reaccionará una empresa, sino al hecho mismo que el funcionario conoce.

Un sector que crece bajo presión regulatoria

El planteamiento llega en un momento de expansión para el sector. Los contratos de eventos dejaron de ser un nicho y ya forman parte de la oferta de grandes plataformas de inversión minorista. En octubre, por ejemplo, Robinhood reportó un crecimiento del 136% en sus contratos de eventos, mientras su volumen cripto caía casi a la mitad. Kraken, por su parte, también ha señalado a esta línea de negocio como una de sus apuestas.

Ese crecimiento ha venido acompañado de fricciones. A nivel estatal, varias jurisdicciones cuestionan si estos productos son en realidad apuestas deportivas o de azar que requieren licencia local. Luisiana es uno de los casos más recientes: el estado demandó a Kalshi, Robinhood y otras plataformas por operar sin autorización.

A nivel federal, el organismo competente es la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC), que supervisa a los operadores registrados como mercados de contratos designados. La composición de ese regulador también está en movimiento, con nuevos nominados enviados al Senado para cubrir vacantes, lo que podría influir en cómo se interpreten las reglas sobre integridad de mercado en los próximos meses.

Qué podría cambiar para las plataformas

Una prohibición limitada a funcionarios públicos no afectaría de forma directa al grueso de los usuarios. Sin embargo, tendría consecuencias operativas. Las plataformas probablemente tendrían que reforzar sus procesos de verificación de identidad para detectar si un cliente ocupa un cargo público, algo similar a los controles que ya aplican los bancos con las llamadas personas expuestas políticamente.

También abriría la puerta a obligaciones de vigilancia más estrictas: monitorear patrones de operación sospechosos antes de anuncios oficiales y reportarlos a las autoridades. Para el sector, eso implicaría costos adicionales, aunque algunos operadores podrían verlo como una vía para ganar legitimidad frente a los reguladores y al público.

Hay un argumento a favor de la medida que los propios defensores de estos mercados suelen esgrimir: su utilidad depende de que los precios reflejen expectativas genuinas. Si un participante con acceso a información reservada mueve las cotizaciones, el mercado deja de ser un indicador fiable y pasa a ser un canal para monetizar secretos.

Por ahora, se trata de una propuesta sin texto legislativo concreto. Lo relevante es quién la pone sobre la mesa y cuándo: con los contratos de eventos ganando volumen y escrutinio a la vez, la discusión sobre quién puede apostar en los mercados de predicción parece destinada a convertirse en una de las piezas del marco regulatorio que el sector aún no termina de definir en Estados Unidos.