Exagente del FBI se declara culpable de robar 2,47 millones de dólares en cripto de 35 investigaciones

Patrick Steven Yaroch, un exagente del FBI de 37 años residente en Ashburn, Virginia, se declaró culpable este jueves de fraude electrónico y lavado de dinero. Admitió haber usado credenciales de billeteras vinculadas a 35 investigaciones del propio buró para apropiarse de unos 2,47 millones de dólares en criptomonedas.

La confesión se produjo ante un tribunal federal del Distrito Este de Virginia, según anunció la Fiscalía de ese distrito. El caso pone el foco en un punto poco discutido: la custodia de los activos digitales que las agencias de seguridad obtienen durante sus pesquisas.

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Cómo operó el exagente del FBI

El esquema descansaba en un acceso privilegiado. Yaroch tenía a su alcance las credenciales de billeteras de criptomonedas asociadas a casos abiertos por el FBI, es decir, la información necesaria para mover los fondos. Con ese material retiró activos de 35 investigaciones distintas hasta acumular cerca de 2,47 millones de dólares.

A diferencia del dinero en efectivo o de una cuenta bancaria congelada, una criptomoneda puede transferirse por quien controle la clave privada o la frase semilla, sin pasar por ningún intermediario que frene la operación. En la práctica, conocer esas claves equivale a tener el dinero en la mano.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, el órgano de control interno del ministerio, ya había informado del arresto de un agente especial supervisor del FBI tras el robo de criptomonedas. Ese rango implica responsabilidades de coordinación sobre otros agentes, lo que explica en parte el nivel de acceso que tenía.

La cadena local Fox 5 DC, en su cobertura del caso, señaló que el exagente habría consultado a ChatGPT sobre cómo huir a Portugal. Ese detalle sugiere que contemplaba salir del país antes de que lo alcanzara la investigación.

Los cargos y lo que viene

Yaroch admitió dos delitos: fraude electrónico (conocido en EE. UU. como wire fraud) y lavado de dinero. El primero castiga el uso de comunicaciones electrónicas para ejecutar un engaño con fines económicos; el segundo apunta al intento de ocultar el origen ilícito de los fondos. En la legislación federal estadounidense, el fraude electrónico puede acarrear hasta 20 años de prisión, aunque la condena final la fija el juez con base en las pautas de sentencia y los antecedentes del acusado.

El material disponible no detalla la fecha de la audiencia de sentencia ni si existe un acuerdo sobre la restitución de los fondos. Tampoco se ha precisado públicamente qué criptomonedas sustrajo ni a qué investigaciones correspondían.

Lo que sí está claro es la dimensión del abuso. Treinta y cinco casos distintos. No se trató de un desliz puntual, sino de una práctica repetida que pasó inadvertida el tiempo suficiente para reunir casi 2,5 millones de dólares.

Un problema de custodia que va más allá de un caso

El episodio del exagente del FBI no es el primero en que un funcionario estadounidense se queda con criptoactivos ligados a su trabajo. En 2015, dos agentes federales que investigaban el mercado Silk Road fueron condenados por desviar bitcoin durante esa pesquisa. Casi una década después, la escena se repite con otro protagonista y con controles internos que, a la vista de los hechos, no bastaron.

La pregunta de fondo es cómo se resguardan las claves. Las agencias acumulan cada vez más activos digitales incautados o bajo seguimiento, y su gestión requiere protocolos distintos a los de una bóveda física: billeteras multifirma, que exigen la autorización de varias personas para mover fondos, separación de funciones y auditorías en cadena que detecten movimientos no autorizados en tiempo real.

La propia transparencia de las cadenas de bloques juega en contra de quien roba. Cada transacción queda registrada, y los investigadores pueden rastrear el recorrido de los fondos aunque se intente disimularlo, como ocurre también con los grandes robos a plataformas de intercambio, donde los atacantes encadenan conversiones para borrar el rastro.

Para las víctimas de los casos afectados y para el sistema judicial, el daño trasciende el monto. Fondos que podían servir como prueba o destinarse a restituir a perjudicados terminaron en manos de quien debía protegerlos. Que un exagente del FBI acabe confesando este tipo de delito obliga a revisar quién vigila a los vigilantes cuando el botín cabe en una frase de doce palabras.

La sentencia de Yaroch será observada de cerca, no tanto por la pena en sí como por las señales que deje sobre los cambios en la custodia de criptoactivos dentro de las agencias federales.